SEPARACIÓN JUDICIAL

La separación judicial es una institución que permite la suspensión de los deberes de vivir en hogar común, fidelidad y cohabitación. Esta separación debe ser sentenciada por un Juez de familia y crea un nuevo estado civil denominado “separado judicialmente”. A diferencia del divorcio, que pone fin definitivamente al matrimonio, la separación judicial mantiene el vínculo matrimonial, sin embargo, pone fin a determinados deberes conyugales.

Las causales para solicitar la separación judicial en Chile están plasmadas en los artículos 26 y 27 de la Ley de Matrimonio Civil. Ellas son:

1. Por falta imputable al otro cónyuge: Esta causal se refiere al incumplimiento grave de deberes y obligaciones del matrimonio, respecto del otro cónyuge o sus hijos en común.
2. Por cese de la convivencia: Cualquiera de los cónyuges puede solicitar la separación judicial si ha cesado la convivencia, sin necesidad de que haya mediado falta imputable a uno de ellos. De la misma forma, la solicitud puede ser conjunta.

Los efectos de la separación judicial son el conjunto de medidas dirigidas a adaptar el régimen jurídico del matrimonio, y en su caso de la potestad sobre los hijos, a la nueva situación de los cónyuges separados. Entre los efectos que conlleva separarse a través de esta vía se encuentran:

1. La modificación del estado civil de los cónyuges a “separados judicialmente”.
2. Se pone término al deber de cohabitación (convivencia) y de fidelidad.
3. Se pone fin al régimen patrimonial de la sociedad conyugal y los cónyuges quedan sujetos al régimen de separación total de bienes.

Después de una separación judicial, los cónyuges quedan separados legalmente y deben cumplir los términos del acuerdo de separación judicial, si lo hubiere.

Aunque la separación se limita a la suspensión de la vida en común, puede dar lugar a derechos y obligaciones. Algunos de los derechos y obligaciones que se mantienen después de una separación judicial son:

1. Derecho a solicitar alimentos: La separación judicial sólo suspende el deber de cohabitación y el de fidelidad, en consecuencia, subsiste el derecho a solicitar alimentos al otro cónyuge, ya sea para los hijos comunes o para si.
2. Obligaciones familiares: Si la pareja tiene hijos en común, deben cumplir con las obligaciones familiares establecidas en el acuerdo de separación judicial, como la pensión alimenticia para los hijos y el cumplimiento de las cargas familiares.

Cuando se declara la separación judicial, la sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales que hubiere existido entre los cónyuges termina. Esto significa que se pone fin al régimen patrimonial de la sociedad conyugal y los cónyuges quedan sujetos al régimen de separación total de bienes.

Pero ojo, es importante considerar que la sociedad de bienes que se formó entre los cónyuges se debe liquidar, para repartir los activos y pasivos que hubieren. 

Claro que si. La ley de matrimonio civil permite expresamente para este procedimiento, la posibilidad de pedir directamente al juez, en conjunto con la solicitud de separación judicial, la liquidación de la sociedad de bienes entre los cónyuges. 

Si existieren los antecedentes suficientes para realizar la liquidación, el juez procederá a efectuarla y declararla en la sentencia.

Con esto, se evita un futuro proceso de partición ante un juez árbitro, que conlleva costos muy elevados para las partes.

Si los cónyuges reanudaran su vida en común, se pone fin al procedimiento de separación judicial o la ya decretada, y restablece el estado civil de casados. 

Sin perjuicio de lo anterior, los cónyuges mantendrán el régimen de separación de bienes, aunque podrán pactar someterse al régimen de participación de los gananciales, de acuerdo a lo establecido en el art. 1723 del Código Civil.

Si, se puede volver a solicitar la separación judicial en el futuro, si esta se funda en hechos distintos a los de la primera vez.